Se imaginan ustedes un tribunal donde las empresas pueden denunciar a los Estados pero estos no pueden denunciar a las empresas. Por cierto los particulares tampoco pueden denunciar nada. 

Se imaginan ustedes un tribunal donde las empresas pueden denunciar que no ganaran tanto como quisieran. Donde se pone en debate si el Estado puede o no subir los sueldos mínimos, pedir que el aviso "fumar puede ser dañino para la salud" sea más grande, obligar a que se limpie un río que la minería o el petróleo contaminó. Un tribunal en el que Odebrecht pueda denunciar al Estado peruano y no al revés

Ese tribunal existe. Es el CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Y hemos renunciado a nuestra soberanía, nos hemos sometido a él, cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio. En el 2020 fuimos el país que más procesos en su contra tiene. Son media docena de arbitrajes: Odebrecht Latinvest, Freeport-MacMoRan (Cerro Verde), Desarrollo Vial Los Andes, Lupaka Gold. En el 2021 que recién comienza ya nos demandaron Worth Capital y Quanta Services.

Odebrecht Latinves pidió en febrero del 2020 un arbitraje en febrero del 2020 por la paralización del Gasoducto Sur Peruano (GSP). Está reclamando un pago de 1.200 millones de dólares.

El pasado 16 de marzo de 2020, la minera estadounidense Freeport-McMoran ha iniciado un arbitraje de inversiones contra Perú porque la SUNAT le exige el pago de deudas por el concepto de regalías mineras que superarían los 1.000 millones de dólares.

La concesionaria de carreteras colombiana Desarrrollo Vial de los Andes (Deviandes) ha presentado en junio 2020 una demanda de arbitraje de inversiones contra Perú porque quiere instalar un peaje en Ticlio. El rechazo a dicha instalación provoco protestas y bloqueos de la propia carretera por lo que el Estado decidió anular la concesión

La minera canadiense Lupaka Gold Corp pide una compensación de más de US$ 100 millones. Reclama por la falta de apoyo de la policía peruana, fiscales y funcionarios del gobierno central para eliminar el bloqueo que llevaron a cabo los comuneros de Parán (Huaura) propietarios de las tierras que serán afectadas por el proyecto minero. 

La compañía estadounidense Worth Capital Holdings 27 LLC acusa al Estado peruano de obstruir la actividad de Maple en Pucallpa. Se cerró la refinería en 2018, a pesar de contar con un contrato de alquiler que aún duraría 6 años más. En verdad hay un problema de falta de pago a Petroperu por el alquiler de tanques de almacenamiento y por no cumplir los contratos. Reclama que le paguemos  590 millones de dólares.

Quanta Services, empresa holandesa,  celebró dos contratos con una agencia del Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Perú, Programa Nacional de Telecomunicaciones (PRONATEL), para diseñar, construir y operar redes de telecomunicaciones en regiones rurales del Perú. Pero el proyecto tuvo varios retrasos por  condiciones relacionadas con el clima, oposición local al proyecto y retrasos en los permisos, imposibilidad de adquirir un título sobre ciertas parcelas de tierra requeridas y otros. 

Nos urge recuperar nuestra soberanía, que los conflictos entre el Estado, las comunidades y las empresas se resuelvan en el Perú. Si es necesario renunciar a algunos tratados para lograrlo hagámoslo de una vez.