El gobierno Castillo-Vásquez acaba de publicar la Política General de Gobierno 2021-2026. Con eso se acaba, transitoriamente y mientras el movimiento social lo permita, el carácter de gobierno en disputa. Se trata de un gobierno que no cumplirá su principal bandera: Asamblea Constituyente. Con solo eso se pone a la derecha de los gobiernos progresistas de América Latina que hicieron cambios importantes en el Pacto Social. Pero se pone más a la derecha aún si desagregamos los diversos puntos que abarca esta política. Aquí un adelanto a un debate que debe abarcar a toda la izquierda

1. Generación de bienestar y protección social con seguridad alimentaria

El Estado priorizara la salud pública. Nos parece importante y obvio que se tiene que seguir vacunando. Pero, ojo, este es un plan hasta el 2026 y se espera que este año o en el primer semestre del siguiente ya se tenga vacunados con dos dosis al 100%. De hecho ya está el 50%. Nos parece también importante llegar a un sistema de salud universal, unificado, gratuito, descentralizado y participativo. Pero hay otros problemas en salud de los que no se dice nada. La salud ambiental por ejemplo. No se puede obviar el tema de que hay zonas en el Perú que están altamente contaminadas. De hecho el Estado peruano tiene un proceso abierto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los daños a la población de la ciudad de La Oroya. La deforestación y la extracción de petróleo en la selva están invadiendo zonas que eran silvestres. Eso producirá que nuevos virus aparezcan ya no en la lejana China sino aquí mismo. Las Naciones Unidas han advertido de la seriedad del problema.

2. Reactivación económica y de actividades productivas con desarrollo agrario y rural

En este ítem tenemos varias observaciones que realizar:

Promover el empleo decente. En el Perú el empleo es precario. Según Fernando Cuadros, ex vice ministro de Empleo y Promoción del Empleo la mitad o más de los trabajadores no están en planillas. Eso permite a los empresarios burlar derechos laborales. Sin embargo la CONFIEP y los parlamentarios insisten en que estos derechos (gratificaciones, CTS, vacaciones, indemnización por despido arbitrario, seguridad social, seguro complementario de trabajo de riesgo, otros beneficios obtenidos por negociación colectiva) son “gastos no salariales” y ya hay proyectos de ley que pretenden eliminar algunos. Hubiera sido bueno que el Decreto Supremo que aprueba la Política General de Gobierno se pronuncie sobre la conservación o no de estos. Es necesario derogar el Decreto Supremo 345 del 2018 que pone estos derechos en suspenso.

Asegurar la sostenibilidad fiscal. No se incluye el impuesto a la riqueza que podría asegurar superar el déficit que ha causado el COVID19. El partido de la Primera Ministra presentó un proyecto de ley en ese sentido el año pasado en el Congreso. Nos imaginamos que ahora que está en el gobierno puede impulsarlo con más fuerza. Por otro lado nos pronunciamos a favor de una auditoria de la deuda externa. Es necesario recordar que tenemos cuatro presidentes presos y uno suicidado. La deuda externa ha sido parte de un gran sistema de corrupción que los países y organismos que hacían el préstamo conocían de sobra

Atraer inversión respetando los tratados y acuerdos suscritos. No podremos avanzar en muchos aspectos si respetamos los acuerdos que atan nuestra política a tribunales internacionales como el CIADI. Es un organismo en el que las empresas pueden denunciar al Estado incluso por no asegurar las ganancias proyectadas. Así se han abierto procesos en otros países por evitar la contaminación de ríos, aumentar el salario mínimo o pedir que el aviso de las cajetillas de cigarros sea más visible. El Perú tiene procesos abiertos por empresas corruptas como ODEBRECHT o por empresas mineras que no han podido desarrollar sus inversiones ya que dañaban el medio ambiente.

Prioridad de la minería. Esperamos que el gobierno aclare a que se refiere con este punto. Son muchos los conflictos entre campesinos y empresas mineras como para no temer cuando un gobierno anuncia que le dará prioridad a la minería. De hecho debemos resolver los puntos de contaminación que ha creado, ya mencionamos La Oroya. Pero también debemos prever que no se creen nuevos. La prohibición de actividad minera en cabeceras de cuenca sería un paso importante. Pero, nuevamente, este gobierno parece apostar por el extractivismo.

Segunda Reforma Agraria. El anuncio de que no se expropiara tierras es una clara limitación a la Reforma Agraria. De hecho nuestra agricultura hoy no resuelve el problema alimenticio de los peruanos porque se hace mirando al mercado exterior. Hemos perdido soberanía alimentaria. Si en algún momento los poderes mundiales decretaran un bloqueo contra el Perú estaríamos en una situación más vulnerable que la cubana. Pero, además, el sector agroexportador no sólo ha acaparado las mejores tierras sino que lo ha hecho con un sistema sobre explotador que ya produjo un paro de 800 mil obreros agrícolas reclamando sus derechos y una reforma agraria efectiva. Pasando a las tierras colectivas, no se propone una campaña de titulación que se viene reclamando por las organizaciones indígenas. La siembra y cosecha de agua ya se venía dando, proyectos de irrigación siempre ha habido. Pero al final siempre se benefician a los capitalistas agrarios (Olmos, Gallito Ciego, y un largo etcétera). Tampoco se habla de la Amazonía ni los bosques. Como dice Melania Canales en Lucha Indígena, “Una de las cosas que debería impulsar una reforma agraria es la agroecología para no seguir dañando a todos los seres vivos”. Eso supone reconocer los derechos de la naturaleza.

3. Impulso de la ciencia, tecnología e innovación

Estará destinada al “incremento de la calidad y productividad de la industria nacional”; “provisión de servicios”; “fortalecimiento del sistema de salud”; “prevención de riesgos”. Según eso debemos esperar que el próximo ministerio este más al servicio de los empresarios que de los investigadores y no de ninguna importancia a las ciencias sociales o ciencias humanas que permitirían un mejor conocimiento del Perú y de su situación en el mundo.

4. Fortalecimiento del sistema educativo

Queda claro que Castillo incumple su promesa de ingreso libre a la Universidad cuando la Política General de Gobierno ofrece “Incrementar el acceso a la educación superior”. Una cosa es que haya más vacantes y otra muy distinta que todos tengan acceso a los estudios. La “educación secundaria técnica” supone la disminución de saberes y formación humanística para los más pobres que sólo se formaran para cubrir las necesidades de la empresa privada.

5. Fortalecer los sistemas de la administración pública

Nos parece peligrosa la propuesta de simplificar los sistemas administrativos. Es algo que vienen pidiendo hace mucho tiempo las empresas depredadoras del medio ambiente. Sabemos que los Estudios de Impacto Ambiental muchas veces son hechos solo como formalidad. Sin embargo el proceso permite que las comunidades afectadas hagan observaciones. La aceptación previa por las comunidades afectadas y no sólo la consulta debiera ser requisito para la instalación de cualquier actividad. Tal como se prometió en la primera vuelta.

6. Lucha contra la corrupción, narcotráfico y terrorismo

Es lamentable que con el pretexto de luchar contra la delincuencia se deslicen conceptos xenófobos. Todos los delincuentes deben tener el mismo tratamiento: nacionales o extranjeros; pobres o ricos. Y se deben comenzar a ensayar procedimientos que superen la carcelería como castigo. Los delitos tienen, las más de las veces, causas sociales o sicológicas que no se resuelven con carcelería. Es más, la cárcel normalmente profundiza estos males en vez de curarlos. No se puede pretender que alguien se readapte a la sociedad aislándose de ella. Las Fuerzas Armadas deberían participar en actividades a favor del país en tiempo de paz: construcción de carreteras, obras de saneamiento, etcétera. Otra promesa de Castillo que no se cumple.

7, 8, 9 Bonitas propuestas que pudieron ser hechas por cualquier otro gobierno

10. Estado intercultural

Esto supondría una Constitución que reconozca esta realidad. No va a ocurrir. Pero además hay otras promesas incumplidas: cambiar el nombre del Ministerio de Cultura; cambiar la sede de gobierno abandonando la Casa de Pizarro, símbolo de colonialidad.

A quien le interese un diálogo sobre el tema puede escribir a Daniel Mathews o Norma Sevillano danielmathewsc@gmail.com nmrsevillano@gmail.com