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Unidad para defender los derechos laborales

Publicado: 2021-10-21

No es de hoy, no es de María del Carmen Alva. La ofensiva contra los derechos laborales es una parte sustancial de la Constitución de 1992 que no incluye aspectos fundamentales recogidos por la de 1979 como la estabilidad laboral. Defender derechos laborales supone cambiar la constitución. Pero, más allá de lo que pensemos sobre este tema, hay que parar hoy la ofensiva de la que los proyectos de Alva son solo el inicio.

El 2018 el BID presentó lo que ellos llamaron “la más completa agenda de crecimiento para los países de la región andina”. Editado por Marta Ruiz-Arranz y María Cecilia Deza, el estudio (puede acceder aquí) presenta informes de “expertos” neoliberales. El capítulo 3, dedicado a la política laboral, está redactado por Giulia Lotti y María Cecilia Deza. El hecho de ser el primer capítulo dedicado a políticas específicas (los anteriores son generales) nos habla de la importancia que tiene el tema para las editoras. Los derechos laborales son, para ellas, una de las más graves “fallas de mercado” o “distorsiones al comportamiento de los agentes privados”. La otra es el pago de impuestos. Sin impuestos ni derechos laborales estaríamos regresando al Paraíso Terrenal. Digámoslo en palabras de las autoras:

“Además de los costos que las empresas deben enfrentar para registrarse y cumplir con sus obligaciones tributarias, que se detallan en parte en el capítulo 4, también deben afrontar costos sustanciales para contratar trabajadores de manera formal”

A partir de ello todos los Estados fueron presentando lineamientos políticos que cumplieran lo propuesto por el BID. En el Perú le toco a Martín Vizcarra dictar el Decreto Supremo 345-2018-EF “Política de Competitividad y Productividad” que inaugura un nuevo lenguaje. Lo que nosotros llamamos derechos laborales comienza a ser llamado “costos no salariales”. El trabajador debería contentarse con su reducido salario. Las gratificaciones, la CTS, las vacaciones, la indemnización por despido arbitrario, la seguridad social, el seguro complementario de trabajo de riesgo, los beneficios obtenidos en negociación colectiva, son costos que “distorsionan el mercado”. Este Decreto Supremo sigue vigente ya que no ha sido abolido.

La CONFIEP aprovecho la sindemia del covid19 para hacer una serie de propuestas que limitaban derechos laborales como el pago de CTS, las licencias con goce de haber o las restricciones al cese colectivo. Llegaron a proponer que se disminuyan horas de trabajo y salario a ser pagado. Pero el gobierno fue más allá todavía imponiendo la “suspensión perfecta de labores” que implicaba el cese temporal de la obligación del empleador de pagar las remuneraciones y beneficios laborales. La CONFIEP y la Sociedad de Minería exigieron que la actividad minera se mantenga, lo que fue aceptado por Vizcarra, produciendo muchas muertes.

Ahora se han presentado 4 proyectos de ley limitando o anulando derechos laborales. Según denuncia la CGTP 

“pretenden hacer más “flexibles” los contratos de trabajo a efectos de que el empleador pueda ponerles fin en el momento en que crea conveniente: a lo que se debe añadir que se pretende que el Estado asuma los denominados “costos no salariales de los trabajadores que contrate el empresario, independientemente de que sean jóvenes o adultos mayores”

Ante esto es necesaria la mayor unidad de los trabajadores. Unidad de las fuerzas comprometidas con el gobierno pero no sólo de ellas. La lección del 2014, cuando se derrotó la ley pulpín, nos da el camino. Unidad desde abajo, desde los barrios. Comités zonales lo más amplios y lo menos burocráticos posibles, ligados a los sindicatos que actúan en el área. Venceremos. Ven seremos.


Escrito por

Anticapitalistas

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