Arauca es la región petrolera de Colombia en la frontera con Venezuela. Ahí dos guerrillas libran una batalla sin cuartel con una población atrapada en el medio. El año comenzó bajo el fuego cruzado del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias que se marginaron del acuerdo de paz con las extintas FARC.

En realidad las dos han dejado atrás, hace tiempo, todo proyecto de cambio social. Ahora están preocupadas en su propia financiación a través de las contribuciones de Repsol y el control de los múltiples tráficos con la vecina Venezuela, a través del río Arauca.

Van casi 50 muertos en menos de cuatro semanas, según las cifras de la organización Indepaz. Los asesinatos, secuestros, amenazas y ajustes de cuentas suceden a diario.

El 19 de enero un carro bomba estalló en el municipio de Saravena frente a una sede de activistas sociales, en un ataque atribuido a las disidencias que ven a los líderes locales como colaboradores del ELN.

Simeón Delgado, un guardia de 45 años, padre de tres hijos, murió en el atentado. “Me lo quitaron de la peor manera”, dice a RCN su hija.

UNA HISTORIA ANTIGUA

Pero esta no es historia nueva. Como dice una investigación publicada en el peeriódico español El Salto Diario:

Varios líderes sociales fueron asesinados por la brigada del ejército encargada de custodiar las instalaciones petroleras. Bajo el mandato del presidente Álvaro Uribe, coincidiendo con la entrada de Repsol en Arauca, el departamento registró los índices de violencia política más altos de todo el país. En ese contexto, asociada con la estatal Ecopetrol y con la transnacional estadounidense Oxy, operaba la multinacional de matriz española. En ese contexto sigue operando a día de hoy.

La empresa petrolera estadounidense Occidental Petroleum descubrió el yacimiento petrolífero de Caño Limón en 1983, y empezó a extraer petróleo en 1985. El petróleo se transporta hasta la costa del Caribe por el oleoducto Caño Limón-Coveñas, de 773 kilómetros de longitud. Las repercusiones de este yacimiento en Colombia han sido fundamentales: ha transformado el país, convirtiéndolo de importador a exportador neto de petróleo crudo. De él se han extraído 910 millones de barriles, de la reserva de 1.300 millones de barriles que se le calcula. Está empezando a agotarse pero, según Occidental Petroleum, aún sigue aportando casi el 30 por ciento de la producción total de petróleo de Colombia. A menos que se descubran o se exploten nuevas reservas. 

Occidental Petroleum actúa mediante un "contrato de asociación" con la empresa petrolera estatal Ecopetrol, que posee el 50 por ciento del oleoducto. El otro 50 por ciento es propiedad de Occidental Petroleum y de la empresa española Repsol-YPF, que tiene participación en el negocio. Repsol-YPF también tiene importantes intereses en el departamento, como el yacimiento petrolífero de Capachos I, en el municipio de Tame.

El gobierno de Estados Unidos ha dedicado recursos considerables a proteger el oleoducto, lo que ha convertido a Colombia en el tercer receptor de ayuda militar estadounidense del mundo, detrás de Israel y Egipto. A pesar de la oposición de una parte del Senado el gobierno norteamericano decidió no poner ningún condicionamiento en torno a los derechos humanos para certificar el apoyo militar a Colombia. Desde ahí las violaciones a las libertades ciudadanas han sido constantes: asesinatos, "desapariciones forzosas" y un largo etcétera son pan del día.

CONDENA INTERNACIONAL

Casi nunca se han podido demostrar los nexos de las transnacionales  extractivas con los grupos armados al margen de la ley ni con las fuerzas públicas de seguridad. Solo las disputas por el control territorial permitieron aflorar estas relaciones. Lo que sí pudimos comprobar, en el caso de Repsol, fue la coincidencia espacial y temporal de los intereses de la multinacional española con la arremetida de los paramilitares, el ejército y la policía contra las organizaciones sociales de la región. De manera análoga a lo que ocurría —y sigue ocurriendo— en el resto del país, los grupos armados legales o ilegales limpiaban la zona de opositores antes de que las compañías extractivas comenzaran con sus operaciones. Según Amnistía Internacional

Los paramilitares respaldados por el ejército se afianzaron militarmente en el departamento de Arauca en 2001, tras una serie de operaciones en gran escala llevadas a cabo por el ejército colombiano

En los años 2006, 2008 y 2010, en tres audiencias celebradas sucesivamente en Viena, Lima y Madrid, Repsol fue denunciada ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP). Además de por sus impactos en Colombia, la transnacional fue acusada de operar en 17 resguardos indígenas en Bolivia, de contaminar el territorio mapuche en Argentina y el huaorani en Ecuador, de extender el proyecto gasífero de Camisea sobre cuatro áreas protegidas en Perú. En América Latina, los impactos ambientales de Repsol y las demás corporaciones minero-energéticas van desde las secuelas que han dejado los megaproyectos hidroeléctricos hasta los efectos del extractivismo en áreas de gran biodiversidad. En muchos de estos ecosistemas habitan diferentes pueblos indígenas que se ven afectados por la apropiación de sus medios de producción ancestral, la destrucción de zonas de elevado valor social y espiritual, la discriminación racial y cultural, el desplazamiento forzado de sus territorios.

Todos estos casos, puede leerse en la sentencia final del TPP,

“deben ser considerados no aisladamente en su significación individual, sino como expresión de un muy amplio espectro de violaciones y responsabilidades que, por el carácter sistemático de las prácticas correspondientes, configuran una situación que ilustra con claridad el verdadero papel tanto de las transnacionales europeas, como de la UE y sus Estados miembros”.