Grandes areas de la Amazonía vienen siendo deforestadas para instalar pozos petroleros. Eso es un evidente daño a los pueblos indígenas, guardianes de la naturaleza. En esta nota queremos señalar solamente tres casos en los que Repsol está implicada.

Los waorani son una etnia del oriente ecuatoriano. Viven en el Parque Nacional Yasuní, un gran enclave amazónico, que constituye un refugio del pleistoceno con especies conservadas desde hace 20.000 años. Esta reserva de la biosfera, sin embargo, está invadida por innumerables explotaciones petroleras y gasistas. Repsol participa con un 30% del capital en el oleoducto de crudos pesados (OCP) que atraviesa 485 kilómetros de la Amazonia ecuatoriana hasta la costa del Pacífico. El 7 de abril de 2020, el OCP se rompió, hecho que provocó el desprendimiento de la mítica cascada de San Rafael, la cascada más alta del Ecuador, y la erosión del río Coca en medio del pánico de las comunidades indígenas. Los waorani han pasado a ser la mano de obra barata y aculturada de las explotaciones petroleras. 

Otro grupo ecuatoriado son los tagaeri, en aislamiento voluntario todavía. Viene siendo acosado por la continua ampliación de los campos petroleros. A Repsol no parece importarle, ya que la empresa petrolera tiene buenos protectores como Marcelo Mata, ministro de Ambiente por segunda vez entre críticas de ecologistas: repite cargo por los servicios prestados como responsable ambiental de Repsol en el Bloque 16.

En el Perú Camisea es uno de los complejos gasistas más productivos del continente americano. Está ubicado en la Amazonia peruana, en el bajo Urubamba, un río que nace a los pies del Machu Picchu -llamado Monte viejo- en el Valle sagrado de los incas, región de Cusco, en una de las áreas con más biodiversidad del planeta. Alberga ocho grupos indígenas como los ashaninca o los kakinte, que han vivido en estado de aislamiento voluntario hasta que la eclosión del tránsito ha convertido el Urubamba en una autovía fósil. Eso y la perforación progresiva del territorio con oleoductos han deteriorado de manera radical sus condiciones de vida.

Pero Repsol no solamente mata a través de la contaminación sino que ha sido involucrada en episodios de represión policial-militar a la población. Ocurrió en la movilización social contra la exportación del gas boliviano a Estados Unidos, conocida como la Guerra del Gas de 2003 en Bolivia (todavía bajo un gobierno de extrema derecha), las movilizaciones contra el expolio de los recursos naturales por empresas multinacionales en Cuzco de 2010, o Pico Truncado y Las Heras en Argentina en 2004. También se ha vinculado Repsol con la presencia del paramilitarismo y graves crímenes de lesa humanidad (como desplazamiento forzado, asesinatos, amenazas de muerte, etc.) en el departamento de Arauca en Colombia, según el informe de Amnistía Internacional