La catástrofe climática que se está presenciando en todo el mundo es el resultado directo de la continua explotación y opresión durante siglos, perpetuada por el sistema patriarcal, colonial, extractivista y capitalista. Vivimos bajo un modelo socioeconómico desigual y asesino que necesita urgentemente un reemplazo. Asimismo, la clase dominante, a través de corporaciones y gobiernos del Norte Global, ha sacrificado deliberadamente los ecosistemas y los pueblos del Sur Global por el mal llamado "desarrollo" y "crecimiento económico" eterno, destruyendo la tierra, a nosotres y las especies que vivimos en ella.

Desde hace décadas, las empresas extractivas transnacionales y nacionales vienen destruyendo y degradando los ecosistemas y la vida en la costa, el ande y la amazonía. Hasta ahora, ninguna de estas empresas se ha hecho responsable de estos crímenes ambientales. Mientras tanto, la débil institucionalidad ambiental del Estado genera trabas para una adecuada fiscalización, remediación, atención a las víctimas y sanción a las empresas responsables, lo que genera la impunidad y la permanencia de las empresas vulneradoras de derechos humanos en nuestros territorios.

En ese sentido, exigimos:

1. Que las clases dominantes, las corporaciones y los Estados del Norte Global, detengan la destrucción de los territorios del Sur Global y cumplan con su responsabilidad extraterritorial de fiscalización y sanción a las empresas extractivas que vienen contaminando, depredando y vulnerando derechos de los pueblos en nuestros territorios.

2. Iniciar un proceso de Transformación Energética justa al 2030, con una política basada en reemplazar progresivamente la matriz de combustibles fósiles por energías renovables, garantizando la soberanía y el acceso equitativo a la energía y mejorando la fiscalización y gobernanza energética.

3. Sanción ejemplar y efectiva a las empresas extractivas responsables de los ecocidios que destruyen los ecosistemas y contaminan las fuentes hídricas, revisión de contratos y retiro de licencias y concesiones

4. Derogatoria de los decretos supremos de concesiones de exploración y explotación de hidrocarburos y minería en la costa, ande y amazonía en territorios donde los pueblos establezcan que va en contra de sus modos de vida

5. Transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas de manera oportuna y permanente de las acciones desarrolladas para la atención de los crímenes ecológicos en la limpieza, remediación de los ecosistemas, reparación y atención a las poblaciones afectadas.

6. Elaboración y ejecución de planes integrales que cuenten con presupuesto para atender la salud, seguridad alimentaria y economía de las poblaciones afectadas. Así como garantizar la indemnización por pérdidas sociales, económicas y culturales que correspondan a las necesidades de la población, incluyendo proyectos sostenibles alternativos a la actividad extractivista

7. Fortalecimiento de la institucionalidad ambiental para mejorar los roles de fiscalización, limpieza y sanción de los organismos estatales, asegurando la participación efectiva de los pueblos, organizaciones y asociaciones

8. Una política de protección integral para los y las defensoras ambientales que genere los mecanismos y normativas para proteger la vida y la labor de las personas defensoras del medio ambiente. En ese sentido, exigimos la ratificación del Acuerdo de Escazú

9. No permitir la entrada de las empresas extractivas en territorios costeros, andinos y amazónicos sin asegurar el consentimiento de los pueblos que vayan a ser afectados

10. Que el Estado Peruano declare públicamente su apoyo a que el Ecocidio se convierta en un crimen internacional, uniéndose a los países que buscan modificar el Estatuto de Roma para incluirlo como quinto Crimen Contra la Paz en la Corte Penal Internacional.

11. Crear una mesa técnica nacional multisectorial en la Presidencia de Consejo de Ministros - PCM que incluya a los gobiernos subnacionales y a las poblaciones afectadas para establecer las estrategias de acción frente a los pasivos ambientales por actividades extractivas.

12. Institucionalizar espacios de diálogo, desde el gobierno nacional y subnacional, que permitan realizar seguimiento al cumplimiento de estos acuerdos a fin de evitar conflictos sociales y salvaguardar los derechos de las personas afectadas

Las reparaciones exigidas por las comunidades marginadas y más vulnerables, pueblos indígenas y amazónicos, comunidades campesinas, comunidades negras, antipatriarcales y diversas, son demandas por una justicia transformadora: la defensa de los territorios, la recuperación de los recursos, redistribución de la riqueza y contra la violencia machista, racista, colonial y neoliberal.

Guiados por las luchas históricas y experiencias vividas de los pueblos y zonas más afectadas exigimos justicia ambiental! Devolvamos el poder a las personas cuyo poder ha sido robado. Construyamos un sistema donde prioricemos a los pueblos del mundo y no el lucro del sistema capitalista. #VidaContraCapital! #VidaSíLucroNo!