Estamos en crisis. Y no es solo política, es económica. Y no solo es peruana, es mundial. Comenzó con el gran encierro mundial del COVID 19 pero se agravó como producto de la guerra. Hay que tener en cuenta que Rusia es uno de nuestros proveedores de fertilizantes. El petróleo también sufrió un alza internacional muy marcada. No es raro pues que sean agricultores y transportistas los que encabecen la lucha hoy. Ucrania es proveedor de maíz y trigo. Clave para el pan nuestro de cada día.

Pero decir que el problema es mundial no nos libra de ver nuestro país. De fijarnos que hay un mercado distorsionado por los monopolios y oligopolios que encarecen. El gobierno ha enviado un proyecto de cambio constitucional que propone “están prohibidos los monopolios, oligopolios, acaparamientos, especulación o concertación de precios, así como el abuso de posiciones dominantes en el mercado”. El artículo 61 de la Constitución es mucho más restringido. Se limita a establecer que, con respecto a la libre competencia, el Estado “combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas” y que “ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios”. Eso, obviamente, no los prohíbe. Solo dice que no se pueden establecer por ley. Pero si podría ser parte de un contrato como el que el gobierno de Fujimori tuvo con Telefónica. Lo más probable, sin embargo, es que esta propuesta no se discuta. Ya son 22 proyectos de ley que el Ejecutivo envía al Legislativo y que ni siquiera están en el debate de comisiones. Ya Alonso Segura, ex ministro de Humala, dijo que “no tiene pies ni cabeza”, que es “ideología pura”. Como si lo suyo, la defensa de la regulación a través del mercado, no lo fuera.

Tampoco hemos tenido una reforma tributaria que nos permita recaudar más y mejor. El oro y otros minerales que el Perú exporta tienen los precios al alza. Hay empresas que están con sobre ganancias mineras pero el Estado no está recaudando más de lo previsto inicialmente. Nuevamente es una propuesta que hizo el Ejecutivo, todavía durante el periodo en que Francke era Ministro de Economía, y que el Congreso deshecho. Francke  planteaba tres ejes de acción: avanzar en la formalización, luchar contra el incumplimiento tributario y aumentar la progresividad para disminuir inequidades. En este último punto el componente minero aparecía como un aspecto fundamental: se buscaba la mayor captura de la renta minera, en un contexto de precios altos y ganancias extraordinarias. Eso ayudaría al Estado a atender los problemas sociales.

La escasez del gas no es solo por la guerra. También es porque no se han tomado las medidas para masificarlo. Y, nuevamente, se trata de trabas legislativas. El proyecto de ley de impulso a la masificación del gas natural, que el Gobierno envió al Congreso de la República para su aprobación, contempla importantes medidas para lograr el acceso a este combustible limpio y económico en todas las regiones y contribuir al desarrollo de los pueblos, la generación de empleos y ahorro para las familias. Pero la misma respuesta: “no se oye, padre”

Felizmente el gobierno puede tomar medidas que no pasan por leyes. Una de ellas es comenzar a fabricar fertilizantes, para evitar la importación en estos momentos de alza por guerra. En ese sentido, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) anunció, este fin de semana, que se realizará un estudio de evaluación económica para la instalación de una planta de producción de fertilizantes a base de fosfatos en Bayóvar en la región Piura. Según información de La Mula:

El viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, Rómulo Antúnez, dijo que se contrataron los servicios de una consultora que buscará generar información relevante sobre la evolución de la última década, la situación actual y las principales tendencias de producción, demanda, precios y rentabilidad en el mercado de los fertilizantes fosfatados tanto a nivel nacional como internacional.

Con esto estaríamos rompiendo el esquema primario exportador que ha caracterizado la economía nacional desde tiempos de Fujimori.

El gobierno debería usar estos instrumentos para fortalecer la economía comunitaria en una orientación que defienda la ecología y reconozca los derechos de la naturaleza. En ese sentido la idea de soberanía alimentaria debe ser la que oriente la segunda reforma agraria, que no ha tenido ningún avance hasta ahora. Como bien señala Vía Campesina lo primero que debemos tener en cuenta en la soberanía alimentaria es “Priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de los/as campesinos/as y de los sin tierra a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito”. Esto supone no sólo acciones del gobierno, por cierto muy necesarias, sino incluso iniciativas personales. Si el trigo ucraniano ahora es caro podemos remplazarlo por cancha o camote peruano. Mucho se ha criticado al ministro que recomendó comer pescado en vez de pollo. Pero quizá tenga razón.

Otra acción que debería partir del gobierno es descentralizar la producción. Basta de ser un país macro cefálico, concentrado absolutamente en Lima mientras las provincias desfallecen. Que la planta de fertilizantes sea en Piura es un buen ejemplo de las políticas que debemos seguir. Tampoco podemos seguir tomando todas las decisiones en Lima sin saber si se pueden aplicar o no en la generalidad del país.

Por supuesto, el alza de precios del petróleo tiene que llevarnos a pensar en la transición energética, o sea, cambiar de un sistema energético radicado en los combustibles fósiles a uno de bajas emisiones o sin emisiones de carbono, basado en las fuentes renovables. Esto no sólo resolvería el problema de la dependencia del petróleo en momentos de alza de precios a nivel mundial. También ayudaría a mantener nuestra Amazonia sin nuevas exploraciones/explotaciones que violan las áreas silvestres. Por lo demás sería importante para mitigar el calentamiento global.