El Perú no solo está pasando una crisis a nivel congresal. El Poder Judicial y el Ministerio Público también viven una situación grave. Y la cosa es grave, tal parece que mientras se buscan pruebas -hasta ahora sin exito- contra Castillo, se dificultan los casos cuando se trata de Derechos Humanos, narcotráfico o fujimorismo. 

PODER JUDICIAL: CASO KEIKO

Los dos casos emblemáticos que tiene hoy en sus manos el Poder Judicial son el que se refiere a Keiko Fujimori y el que se lleva por el asesinato de Inti y Bryan. En ambos casos el Poder Judicial está mostrando sus serias limitaciones.

El 19 de Julio de este año el fiscal José Domingo Pérez hizo llegar al Poder Judicial la acusación definitiva contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otros 40 acusados por el caso cócteles. La particularidad del documento entregado por el fiscal es que cuenta con más de 4792 páginas, las cuales fueron presentadas física y digitalmente. En verdad la acusación se presentó por primera vez en marzo de 2021. Pero antes de pasar al juicio oral es necesario que sea calificada por el juez Víctor Zúñiga Urday del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria.

Para una celeridad de esta calificación el fiscal Pérez está solicitando, desde hace meses, que se habilite una sala para audiencias presenciales. Las que se realizan vías zoom son muy lentas, dependen de las virtudes y defectos de la tecnología y hasta han sido hackeadas. Sin embargo el juez Zuñiga se niega a hacerlo con el pretexto de que no habría sitio para tanto acusado. Esto no es tan cierto. El fiscal ha señalado que

La Corte Superior de Justicia de Arequipa ha utilizado instalaciones del edificio ubicado en jirón Manuel Cuadros [cerca a Palacio de Justicia] por lo que no es razonable que se diga que no hay espacio para realizar estas audiencias. Hay otras cortes que estan usando estos auditorios para sesiones presenciales. El Poder Judicial sí cuenta con instalaciones

PODER JUDICIAL: INTI Y BRYAN

Si esto es grave, atenta contra la celeridad de la justicia, el tema Inti-Bryan es peor aún. Obviemos el blindaje a Merino, que no es responsabilidad del Poder Judicial. Veamos el juicio contra los policías. Y resulta que aquí el caso está también paralizado y en peligro. Todo comenzó con un torpe error. Un policía acusado pidió copias de la investigación a la fiscalía y se las negaron. Por cierto, apelo. Estaba en su derecho. Pero la Corte Penal Nacional aprovecha la ocasión para decir que el caso no tiene trascendencia nacional, no es complejo y no es su competencia. En una palabra, la Corte Penal Nacional hace abandono del caso y pretende pasarlo a la Corte Superior de Lima. 

La fiscalía suspende entonces las investigaciones y presenta un recurso de casación porque considera que el caso si es complejo. Es un caso que incluye dos muertos, más de 70 heridos y la caída de un presidente ¿Poca cosa? Un caso sobre el que se han pronunciado instancias internacionales inclusive. Los jueces de la corte limeña no están preparados en temas de derechos humanos. Como dice Pacha Sotelo "Preocupa que jueces tengan este tipo de criterio, deja mucho que desear y me pongo a pensar lo peligroso que es buscar justicia en nuestro país y ya voy entendiendo porque tantos casos se quedan en la nada"

MINISTERIO PÚBLICO: UNA SITUACIÓN INEDITA

Pareciera que el nombramiento de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tiene una connotación política más que judicial. En realidad se trataría de un intercambio: a cambio de iniciar una persecución político-judicial contra el Presidente Castillo se le permite favorecer a su hermana y a algunos casos con los que su hermana tiene relación. 

Victor Cubas, exfiscal a cargo de La Cantuta y Barrios Altos, que renunció a la Fiscalía como producto de las irregularidades que se están produciendo, describe la situación como inedita: 

"Es la primera vez, en los 40 años de funcionamiento que tiene el Ministerio Público, que la Fiscalía de la Nación está siendo desempeñada por una persona que ha sido nombrada fiscal suprema inmediatamente de producirse el nombramiento. Lo tradicional ha sido que el fiscal supremo, nombrado por el organo técnico pertinente, ejerza el cargo de fiscal supremo por unos años (dos, tres, cuatro o más años) y luego sus pares lo eligen Fiscal de la Nación"

El ex fiscal Cubas recuerda la vez que Chávarry fue destituido por pretender desmontar el equipo encargado de Lava Jato, sin embargo ahora se han desmontado varios equipos sin que pase nada. Evidentemente el factor de diferencia es la movilización popular que se produjo en ese momento. 

De hecho hay relaciones claras entre la fiscal y los partidos de derecha. Su madre, Emma Vargas de Benavides, cofundadora del PPC, fue alcaldesa de Huancavelica en tres periodos y congresista de la República por ese partido. Una de sus primeras acciones fue remplazar a Mariano Cucho Espinoza, gerente general de la institución por Edelmira del Carmen Barrantes Pérez, quien fue militante del APRA hasta el año pasado. Así están las cosas.

CASO SÁNCHEZ PAREDES

Comencemos por un caso de narcotráfico. Poco antes de que termine el juicio oral contra los Sánchez Paredes la fiscal de la Nacióncambió al fiscal superior Frank Robert Almanza Altamirano, quien dirigió durante los últimos siete años las pesquisas de este emblemático caso. El proceso tiene más de 3 millones de folios y ahora deberá ser estudiado por una nueva magistrada:  la fiscal Aurora Remedios Fátima Castillo Fuerman.

Tanto Almanza como Castillo han pedido reconsiderar el caso: 

“Se solicita a usted señora fiscal de la Nación declarar fundado el presente recurso de reconsideración, dejando sin efecto los artículos antes cuestionados de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1317-2022-MP-FM, del 2 de julio de 2022, y que se refieren a los fiscales recurrentes Auroro Remedios Fátima Castillo Fuerman y Frank Robert Almanza Altamirano y, consecuentemente, se reponga a los suscritos en las funciones que fuimos nombrados y designados antes de la expedición de dicha resolución”

También se ha opuesto al cambio la titular de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, Sonia Medina Calvo.

LA HERMANA Y EL NARCOTRÁFICO

La ex jueza superior Enma Benavides Vargas, hermana de la Fiscal de la Nación Patricia Benavides, es sindicada como una de las presuntas integrantes de una organización criminal manejada por jueces, abogados y servidores judiciales. En la acusación fiscal se imputa a 

Enma Rosaura Benavides Vargas, María Luisa Apaza Panuera y Lorenzo Pablo Ilave García, ser líderes e integrar una organización criminal destinada a la realización de delitos contra la Administración Pública confirmando u otorgando beneficios procesales irregulares, en su condición de Jueces Superiores

A este grupo se le imputa haber cobrado sobornos a cambio de liberar a investigados por narcotráfico. Entre estos están Roberto Gómez Herrera, alias 'Huevo', considerado por la Interpol como uno de los máximos cabecillas del narcotráfico internacional, y José López Quispe, de quien la policía sospechaba que era el mayor acopiador de cocaína del Vraem. 

Todo se destapó cuando Hilario Manuel Rosales Sánchez,  declaró que al poco tiempo de encontrarse recluido, se le acercó un abogado que decía venir de parte de la jueza Enma Benavides, que tenía en sus manos resolver la apelación. En ese encuentro, de acuerdo con Rosales, el abogado le pidió 100 mil dólares a cambio de su libertad.

Mendoza Pérez, el abogado que se encarga del contacto con Rosales, no sólo menciona que la doctora Benavides está dispuesta a dar libertad si se paga, sino que señala que si hubiese una impugnación de lo que decida, el juez Hinostroza Pariachi se encargaría de confirmar ello. Esto explica por qué la Fiscal de la Nación también quiere proteger a los "Cuellos Blancos" como veremos más adelante. 

Ahora la investigación peligra porque la fiscal Benavides dio por concluida el nombramiento de la abogada Bersabeth Revilla como fiscal suprema provisional transitoria. La abogado Bersabeth Revilla —quien trabajó 41 años en la Fiscalía de la Nación— renunció al Ministerio Público en horas de la noche tras la decisión de Patricia Benavides de removerla de su cargo. Cabe recordar que, durante el concurso para llegar a ser Fiscal de la Nación,  Benavides afirmó que no intervendría en el caso de su hermana

CUELLOS BLANCOS
Ya hemos visto la relación de la hermana de la Fiscal de la Nación con el juez Hinostroza. De ahí se desprende, con claridad, la preocupación por desactivar las investigaciones en el caso Cuellos Blancos. Es un caso que ha merecido el pronunciamiento del propio Presidente Castillo que, si bien no puede revertir lo hecho por la autonomía del Ministerio Público, si puede emitir opiniones como ciudadano que es. Recordemos que el caso "Cuellos Blancos del Puerto” surgió desde una  serie de interceptaciones telefónicas, dentro de  una investigación vinculada al crimen organizado, en la que aparecen jueces y fiscales, consejeros del extinto Consejo Nacional Magistratura, un ex magistrado de la Corte Suprema e, incluso, empresarios.  Esta situación significaría que dentro del sistema de justicia –en especial de las más altas autoridades- habría funcionado un banco de favores guiado por intereses personales en desmedro del interés público.
El viernes 22 de julio, con una resolución publicada en una edición extraordinaria del diario El Peruano, se oficializó una serie de cambios que reestructuró al equipo especial que investiga el caso Los Cuellos Blancos del Puerto y todos sus procesos emblemáticos, entre los que se encuentran el de los exmagistrados del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, la extradición de César Hinostroza y el del exjuez Walter Ríos.
Pareciera que son justamente los casos Hinostroza y Rios los que la Fiscal de la Nación cuestiona. La primera fiscal cuestionada por la actual mandamás del MP es Fany Quispe Farfán, que intervenía constantemente en las acusaciones por corrupción contra Walter Ríos. Y, por supuesto, también cae con ella el coordinador del Equipo Especial, Pablo Sánchez, que estaba logrando la extradicción de Hinostroza. Ponen en su lugar a algunos más fáciles de controlar: Jorge Díaz Cabello, que se desempeñaba como fiscal superior de Lima centro. Franklin Tomy López e Isidoro Prado León Asimismo, se hizo pública la renuncia de Jesús Fernández Alarcón a la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Anticorrupción. Esta se produjo el martes de 19 de julio y habría tenido su raíz en presuntas desavenencias entre el Ministerio Público y el fiscal Fernández en torno a la confianza otorgada a la fiscal adjunta Quispe Farfán.
Se hace cada vez más urgente una reorganización profunda de nuestro sistema de justicia. Hay que repensarlo todo, y la Asamblea Constituyente sería el espacio más apropiado para hacerlo.