Que se vaya ya. Asamblea constituyente soberana
La elección de Castillo fue obra de las provincias. Mientras en algunos espacios sacaba entre el 70% y el 90% en Lima se votó por el fujimorismo. Los pueblos indígenas vieron en un provinciano la esperanza de que, por fin, alguien hiciera un gobierno inclusivo. Creían que era uno de los suyos. Pronto quedó claro que no. Aunque había dirigido una importante huelga, sus reflejos estaban más cercanos a los de la clase política que a los de un sindicalista. Se pasó un año y medio negociando cuotas de poder, tratando de conciliar con el parlamento, olvidándose de sus promesas.
Y sin embargo siempre fue un gobierno en disputa. A diferencia de PPK, a quien vacaron a un año de haber gobernado, a Castillo ni siquiera querían dejarlo juramentar. Se le acusó de fraude, se fue a tocar las puertas de la OEA, se nombraron comisiones para investigar los resultados electorales. Y es que, a diferencia de PPK, se trataba de la disputa entre la clase política limeña y la provinciana. Pasó por tres mociones de vacancia, una investigación fiscal, un duro ataque de la prensa. Y la cosa iba desde el centro (Hildebrandt, Mirtha Vásquez después de su renuncia) hasta la extrema derecha. Curiosamente en el parlamento algunas bancadas, como la de Acción Popular, se dividieron. Los provincianos votaban contra la vacancia. Sentían, más allá de su propia filiación partidaria, que Castillo los representaba.
Si Castillo hubiera actuado como sindicalista hubiera respondido las provocaciones del parlamento con movilizaciones nacionales. Pronto perdió la oportunidad. Canchis, el pueblo cuzqueño que hoy encabeza las movilizaciones contra el golpe parlamentario, había dado un plazo de 48 horas para hacer un paro contra Castillo. Y es que, una vez más, se trataba de un gobierno pro minero. Una vez más las promesas de enfrentarse a la minería depredadora había sido solo eso... una promesa.
Cuando Castillo quiso cerrar el Congreso ya él mismo estaba desgastado. La gente estaba, si, contra el parlamento. Pero veía los pleitos del poder como algo ajenos a ellos. Por eso demoró la movilización popular. Las primeras marchas fueron ralas. Hasta que se dieron cuenta que, tras Dina Boluarte, estaba la misma clase política que un año y medio antes habían rechazado.
Si Castillo hubiera conservado algo de su sindicalismo hubiera llamado a una marcha provinciana antes de su golpe fallido. Pero, igual que sus colegas limeños, la clase política provinciana le teme a la movilización popular. Si bien es cierto que en la última parte de su discurso se refirió a las rondas campesinas, tenía claro que una movilización así no se produce sin un trabajo previo. Pretender un golpe sin las fuerzas armadas y sin movilización popular era como la pelea de Quijote contra los molinos de viento.
Y sin embargo la movilización se ha producido. Según el informe policial sobre la situación de la red vial nacional hay cortes de carretera en 12 de las 24 regiones. No necesariamente ha comenzado en la capital de departamento, como solía ocurrir antes de este protagonismo de los de abajo. Así, en Amazonas el centro del conflicto no es Chachapoyas sino Bagua, sitio afectado por la explotación petrolera y en donde ya se produjo una masacre el 2009. En Cuzco la movilización mayor es en el llamado "corredor minero" donde los campesinos defienden sus tierras. En Ica son los trabajadores de las agroexportadoras los que dieron la alborada. En fin, no sólo es la clase política la cuestionada. Detrás están todos los problemas que el capitalismo depredador viene creando.
Así que tenemos dos problemas combinados. Por una parte una clase política incapaz y rechazada. Por otra el capitalismo depredador. Dos problemas que en realidad son uno solo: la constitución fujimorista. Nuevas elecciones manteniendo la misma constitución será como peinar a un enfermo de cáncer para que se le vea bien. El fracaso de la constitución fujimorista se hace evidente si observamos que tenemos el promedio de un presidente por año y algo parecido con el Congreso.
Es necesaria una constitución que le quite poder a la clase política. Tener un Congreso realmente representativo; donde estén todas nuestras nacionalidades; con paridad de genero; con presencia de las organizaciones obreras y campesinas. Es necesario que las promesas electorales sean de cumplimiento obligatorio. Es necesario reconocer los derechos de la naturaleza y escuchar las demandas indígenas y campesinas. Todo eso supone refundar el país a través de una Asamblea Constituyente. Transitoriamente la Asamblea podrá nombrar a uno de sus miembros para que asuma las funciones ejecutivas. Sólo así podremos superar esta permanente crisis.