Desde la Red Nacional de Trabajadores de las Artes y las Culturas nos pronunciamos para denunciar la negación de la violencia racista en las multitudinarias protestas nacionales de 2022 y 2023 que ha realizado la Ministra de Cultura, Leslie Urteaga.

A través de sus declaraciones a la prensa, la Ministra de Cultura, ha dicho que los recientes informes de entidades internacionales de Derechos Humanos, son “sesgados”, negando que la brutal represión sufrida durante los últimos meses haya tenido como “causa o una de las causas” la discriminación étnico-racial.

Cabe recordar que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, presentado el 3 de mayo, señala que estas protestas se realizaron en un contexto de discriminación histórica hacia los pueblos indígenas y comunidades del sur del país. Asimismo, indica que existió una fuerte estigmatización por factores étnicos, raciales y regionales que provenía de las declaraciones de algunas autoridades que generalizaban a las personas indígenas y campesinas con el estigma de “terrorista” y otras formas despectivas. Según concluye, ello traducía una clara relación entre la crisis institucional y las desigualdades históricas y estructurales del país.

Asimismo, el Informe de Amnistía Internacional, denominado “Racismo Letal: ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad del Perú”, presentado el 25 de mayo, indica que la represión con consecuencias letales se empleó “de manera exclusiva en las regiones situadas fuera de Lima”, estas regiones son Puno, Ayacucho, Junín, Arequipa, La Libertad y Apurímac; que según las características de las personas asesinadas se sugiere “un marcado sesgo racista por parte de las autoridades peruanas, dirigiéndose contra poblaciones históricamente discriminadas”. Las regiones donde se empleó la fuerza letal son mayoritariamente indígenas y concentran el 80% del total de muertes registradas desde que inició la crisis. Según el informe entre los meses de diciembre de 2022 y febrero del 2023, 49 personas manifestantes perdieron la vida, once personas fallecieron en contextos de bloqueos carreteros y centenares de personas resultaron heridas; incluyendo a un policía, quien perdió la vida.

Es evidente que las declaraciones de la Ministra de Cultura tienen como objetivo deslegitimar ante la opinión pública estos informes, asegurar impunidad para la Presidenta Dina Boluarte y su gabinete, librar de responsabilidad al Ministerio de Cultura frente a esta tragedia (recordemos que este Ministerio tiene como competencia directa la lucha contra el racismo) y sostener la permanencia de este gobierno de muerte, represión y corruptelas.

Llamamos a toda la comunidad de trabajadores de las artes y las culturas a denunciar esta negación de la violencia racista y convocamos a participar activamente de las protestas para se vaya Dina, el Congreso y no quede impune la muerte de nuestros hermanos caídos, héroes de la democracia 

¡Refundemos nuestro país!