¿En que se parecen los que practicaban hip-hop en la Alameda 28 de Julio y los que realizaban debate político y social en la Plaza de Armas de Cuzco? Aparentemente en nada. Realmente en mucho. La primera coincidencia es un concepto de ciudad. La ciudad no es solo un conjunto de casas en la que cada uno vive separado del otro. Donde realmente se realiza la ciudad es en los espacios públicos. Como dicen los compañeros de El Muro "Las plazas son espacios públicos para que la población de una localidad los use como punto de encuentro, de esparcimiento, de actividades diversas que les permitan participar activamente del desarrollo cultural, social, político y económico".

La segunda coincidencia es que este concepto choca con el que se defiende desde una política autoritaria que parece que está predominando en las esferas de poder. La Municipalidad de Lima, como una forma de expulsar a los artistas populares de 28 de Julio, ha abierto una feria comercial en dicho espacio. Así, los cientos de jóvenes que antes hacían hip-hop, marinera, bailes andinos o simplemente se paseaban por un hermoso espacio público ahora lo encuentran convertido en un mercadillo. En lo que respecta a El Muro se ven enfrentados a la represión policial que ha impedido la realización de sus actividades, argumentando que tienen orden directa de Lima. Es decir que desde el gobierno central quieren manejar no solo la política nacional sino la de una plaza provinciana. Es el extremo de una política dictatorial. 

Esto coincide con la "formalización de investigación preparatoria" contra 7 personas por haber participado en una marcha en contra del by-pass que Castañeda impuso en el cruce de 28 de Julio con la Avenida Arequipa y que no solo fue rechazado por los vecinos de la zona sino por la mayoría ciudadana en Lima. 

El ex regidor Hernan Nuñez, el poeta Daniel Mathews y otras personas más están acusadas de "entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos" por haber realizado una marcha y luego haberse parado en una plaza pública, la Plaza Bélgica. El sustento es que con eso dificultaron en tránsito vehicular. De modo que, si este juicio prospera, aun cuando no se dicte sentencia, la ciudadanía se verá atemorizada cuando se trate de convocar a una marcha por cualquier motivo.

No vamos a entrar en detalles sobre las características del by-pass y todas las normas, incluso constitucionales, que se violaron para realizarlo.  Basta echarle una mirada para darse cuenta que en vez de mejorar el transito lo ha empeorado. Pero en este proceso penal no está en juego si la obra fue buena o mala. Lo que se juega es si existe o no es el derecho a la protesta. No es raro que esto se de justo cuando todo el país está levantado en una posición destituyente. Una marcha del 2016 se quiere castigar para ponerle advertencia a los que marchan el 2023. No lo vamos a permitir.