El parque nacional Yasuní es un área natural protegida localizada al nororiente de Ecuador, en las provincias de Pastaza y Orellana, entre el río Napo y el río Curaray en plena cuenca amazónica a unos 250 kilómetros al sureste de Quito. Cubre unas 982 000 hectáreas de la Amazonía ecuatoriana. Creada en julio de 1979, han sido cuatro décadas y algo más de resistencia a las invasiones y el saqueo. Prácticamente un símbolo en la lucha entre la política indígena y el capitalismo.

Hay que reconocer, además, que los indígenas han tenido fuertes aliados. Se inserta en la estrategia de conservación llevada a cabo por la UNESCO, a través de las reservas de la biosfera. Constituye un hito para la gobernanza ambiental global. En el propio Ecuador, la Asamblea Constituyente del año 2008 declaró que la naturaleza tenía derechos. Su presidente, Alberto Acosta, se convirtió en un defensor del Yasuní. Pero desde la Presidencia de la República se optó por otro tipo de política. Rafael Correa condicionó la preservación del Yasuní a una colaboración económica de la comunidad internacional.

La realidad es que nadie está dispuesto a pagar por las responsabilidades de los demás, sin que sus ganancias superen el costo que ello significa. De todos los errores que cometió Correa, quizás el peor haya sido creer que la ética ambiental contrarresta el espíritu del capitalismo. En el catálogo de los proyectos de conservación, el canje de deuda por bonos de la naturaleza no convence a los ricos. Tampoco convence el marketing verde de los bonos de carbono, en un mundo que enfrenta una crisis energética global.

Así las cosas, parecía quedar clara la impotencia de los defensores de la naturaleza. No se conseguía frenar la explotación petrolera, ni el tráfico de madera y tampoco la masacre de animales de monte. Un parque que no genera ganancias está condenado a depender de la buena voluntad de los gobiernos de turno y de la coyuntura económica del momento. Suben los precios del petróleo y los yacimientos se vuelven el blanco de la codicia de los políticos, tanto de izquierda como de derecha. Caen los ingresos del Estado y el primer rubro a ser recortado es aquel de la política ambiental. No es fácil ganar en estas condiciones. El gobierno aprobó la perforación en 2013 y comenzó la producción en más de 100 pozos, con al menos 400 más planificados.

Y sin embargo nunca se dejó de luchar. Y se juntaron firmas para pedir que se convoque a un referéndum. El 2014 ya se tenía las firmas suficientes. Pero el tribunal electoral ecuatoriano se demoró 8 años en aceptarlas. De hecho, hubo varios intentos de rechazo en el intermedio. Los defensores presentaron más de 750,000 firmas, muy por encima del umbral requerido de 400,000. pero el gobierno rechazó cientos de miles de firmas como inválidas. Fue, como siempre en nuestra América, una auditoría de firmas fraudulenta.

El 6 de septiembre de 2022, el tribunal finalmente dictaminó que las firmas que habían sido rechazadas eran de hecho válidas y que se habían violado los derechos de los peticionarios, y los jueces allanaron el camino para que avanzara un posible referéndum. El Comité Nacional de Elecciones (CNE) certificó que se reunieron suficientes firmas. Y se convocó al referéndum junto con las elecciones de este año.

El día de ayer, 20 de agosto, se realizó la pregunta: “¿Está de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano debería mantener los campos petroleros de ITT, conocidos como Bloque 43, indefinidamente bajo tierra?” Y la respuesta fue contundente. El 59% de las personas respondieron “Sí”. Ha sido un triunfo de Yasunidos, la red que se formó para defender el parque natural. Pero sobre todo de la naturaleza, de la vida.