La masacre de Puno el 9 de Enero del 2022 fue una de las peores que hemos vivido. Son pocos los gobiernos que no han asesinado indígenas. Pero pocas veces han sido más de 20 los muertos sin que haya ningún enfrentamiento, ningún policía lastimado. Por eso fueron muchas las actividades ese día, tanto del Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha, sobre todo en Puno, como de la Red de Trabajadores del Arte y la Cultura en Lima. Pero no solo fue eso. También presentaron un escrito en el Ministerio Público solicitando celeridad y atención para las víctimas. Y es que hasta ahora no hay ningún resultado de unas investigaciones que, por si fuera poco, se hacen en Lima, a miles de kilometros del lugar de los hechos Publicamos la carta por ser de interes publico

Dr. Juan Carlos Villena Campana

Fiscal de la Nación

Ministerio Publico

Con cordial saludo desde la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha -CNUL- nos dirijimos a usted para expresarle nuestra preocupación por las violaciones de derechos humanos en las regiones del sur de nuestro país y por el papel cuestionado que antes de su designación ha venido desempeñando la institución que hoy usted dirige, al respecto manifestamos:

1. SOLICITAMOS el traslado inmediato de equipos especiales de Fiscales en derechos humanos e interculturalidad del Ministerio Público principalmente a las regiones de Puno, Apurimac, Ayacucho y otras regiones víctimas de la represión de los años 2022 y 2023 cuyas carpetas fiscales, en contra del debido proceso, fueron trasladadas a la ciudad de Lima.

Nuestra preocupación es principalmente por las familias de las víctimas que merecen una atención inmediata a su derecho de acceso a la justicia dentro de su propia jurisdicción para evitar toda clase de obstaculos entre traslados y gastos economicos; solicitamos también que sean atendidos en sus lenguas originarias como quechua y aymara, puesto que el 80% de las víctimas son miembros o parte de un pueblo indígena originario, según los estandares internacionales del Convenio 169 de la OIT.

2.  REITERAMOS la necesidad de brindarle atención y celeridad a las demandas realizadas por ciudadanos y organismos de Derechos Humanos respecto a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de la represión de los años 2022 y 2023, especificamente se realice las investigaciones y el proceso a los responsables políticos de estos actos que son los señores Dina Ercilia Boluarte Zegarra y Luis Alberto Otárola Peñaranda, como es el caso del expediente 0027543-2022 de fecha 23/12/2022,

3. EXHORTAMOS a su investidura que se de mayor importancia a las investigaciones contra 11 congresistas y otros involucrados en una serie de delitos por el caso de corrupción y compra de votos con la suspendida Fiscal de la Nación Patricia Benavides.

4. POR ULTIMO solicitamos que continue con mayor celeridad las denuncias e investigaciones emprendidas por el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (EFICOP) contra la señora Patricia Benavides por los diversos actos de corrupción a quien no se le debe respaldar ni un minuto más en la institución

Sin más, deseamos lo mejor para nuestro país y justicia para nuestras víctimas

Firman la carta German Altamirano Zuñiga, miembro del colegiado de la CNUL en representación de Apurimac y Daniel Mathews Carmelino por la RNTAC-Lima.