En 1973 André Gunder Frank creo el término "lumpenburguesia" para referirse a la clase dominante de nuestros países. Nacidos al capitalismo en una economía exportadora y colonial, tuvimos un lumpen desarrollo. Extractivismo mirando hacia el exterior, corrupción generalizada mirando al interior. Es cierto que hemos querido escapar varias veces de este paradigma. Justamente en los años en que Gunder Frank escribía su libro teníamos una política que llamaban de "sustitución de importaciones". Por el lado de la izquierda las corrientes "progresistas" se llaman así justamente por su fe en que puede haber progreso social sin romper con el capitalismo. Claudio Katz da quizá la mejor definición de progresismo:

El progresismo es la modalidad contemporánea del nacionalismo conservador y de la vertiente democrático-burguesa que avizoró Lenin. Esta continuidad está oscurecida por la fisonomía socialdemocráta que presenta esa corriente y por sus discursos alejados del nacionalismo clásico. Exhibe un perfil del centro-izquierda -mas semejante a otros pares del planeta- que a las típicas tradiciones latinoamericanas

Si bien el progresismo ha contado muchas veces con el apoyo de sectores populares en otras tantas la ruptura fue rápida. Es el caso de Rafael Correa en Ecuador que comenzó ofreciendo respetar el Parque Nacional Yasuni pero luego autorizo la explotación petrolera. Eso produjo la inmediata ruptura con el movimiento indígena que hasta ahora se mantiene alejado del progresismo. Y es que no puede haber "progreso" capitalista sin afectar la ecología y los pueblos originarios. 

En el Perú el capitalismo ha colapsado. No hay más posibilidades económicas que las que produce la corrupción generalizada. Y eso ha abierto una nueva fase en la lucha de clases. Por un lado hay un bloque lumpen que ha tomado el control del Estado. Por el otro están quienes están siendo víctimas de la delincuencia que no son solo los trabajadores sino algunos grupos empresariales como CAPECO (Construcción) o COMEX (Exportadores). Sin embargo, por su capacidad de movilización, son los trabajadores los que lideran este bloque y los que pueden llevarnos a cambios efectivos. 

Es cierto que el bloque lumpen quiere simular que no tiene responsabilidad en el agudo grado de violencia generado. Busca chivos expiatorios entre los venezolanos. Incluso en la marcha del 23 un pequeño grupo, 4 personas, salió con una banderola que estigmatiza a este grupo humano. Pero todos tenemos claro que se han dado leyes que favorecen la criminalidad. El pueblo movilizado no tiene consignas xenofobas. Pide que se deroguen las leyes delincuenciales y que se vayan los delincuentes: Dina y los congresistas.

La relación entre narcotráfico y política es evidente hace muchos años. Quizá con quien desarrolló más fue con Fujimori, como informó IDL:

En la noche del 11 de mayo de 1996, después de cinco horas de búsqueda, un cargamento de 170 kilos de cocaína fue encontrado en un avión de la FAP que iba a despegar el día siguiente en un vuelo secreto a Rusia. Uno de sus tres pilotos era edecán de Fujimori. A partir de ahí se inició una historia de encubrimientos y represalias cuyas consecuencias reverberan hasta hoy.

El narcoestado ya estaba presente en el gobierno de Alan García. En total, 1.167 condenados por narcotráfico agravado, en términos generales quienes poseían más 10 kilos de cocaína o integraban bandas criminales, fueron liberados de un plumazo por Alan García entre 2006 y 2011. Y no solo es el Poder Ejecutivo sino que afecta también al Poder Judicial con juezas como Emma Benavides, hermana de la ex Fiscal de la Nación Patricia Benavides tan activa en la destitución de Pedro Castillo, que liberaba narcotráficantes a cambio de dinero.   

Pero en los últimos meses se ha avanzado en un terreno que va más allá de lo antes visto. Se han dado leyes que tienen como finalidad legalizar lo que antes era delictivo. Es el caso de la Ley 31973 conocida como "antiforestal". Desde siempre la Amazonía ha sido amenazada por la tala ilegal de árboles. La lucha entre madereros ilegales o los que quieren convertir el espacio amazonico en tierra de cultivo y las comunidades nativas es muy dura. En la última década han sido asesinados 33 líderes indígenas en el Perú. Pero este es un fenómeno continental. Según informó Jámer Lopez, dirigente de AIDESEP, en la sesión 189 de la CIDH solo el año pasado han sido asesinados 77 líderes en América Latina. La ley 31973 legaliza la deforestación como deja claro Jimpson Dávila, abogado y docente adjunto de la Clínica Jurídica de Derecho Ambiental de la PUCP:

La modificación aprobada en enero de 2024 a la Ley Forestal exime a los propietarios y poseedores que hayan deforestado tierras en la Amazonía con fines agrícolas de presentar el estudio de clasificación de suelos, que es fundamental para determinar si la actividad agropecuaria es compatible con las condiciones ecológicas del suelo amazónico

Según el Ministerio del Ambiente, en Perú se pierden entre 120 mil y 150 mil hectáreas de bosque cada año, una cifra que sigue en aumento. Esto es grave porque se trata de una de las reservas naturales más ricas del planeta. 

La ley 32108, que es la que los transportistas y todo el pueblo es mucho más desarrollada en sus proyecciones. En primer lugar modifica la definición de "organización criminal". La definición anterior era muy simple: "La organización criminal es una agrupación de tres o más personas que se crea o existe para cometer delitos graves". Ahora se le añaden dos requisitos: una "estructura y mayor capacidad operativa" sin dejar claro que es eso y que "busca controlar la cadena de valor de una economía o mercado ilegal". De modo que si no hay productos de mercado, como ocurre en la extorsión o el secuestro, no hay organización criminal.

En segundo lugar el fiscal no podrá solicitar la inmovilización o bloqueo de cuentas vinculadas con organizaciones políticas. La ley ha sido dada para proteger a los partidos en momentos en que dos presidentes (Fujimori, Toledo) han sido condenados por corrupción y muchos políticos están siendo investigados. Entre ellos los dos más altos dirigentes del pacto lumpen: Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón. 

Un último acapite se lo debemos a la minería ilegal. El pasado 13 de marzo el Pleno del Congreso aprobó derogar la primera disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1607 que establecía acciones para luchar contra la criminalidad asociada a la minería ilegal y que establecía una fecha límite (20 de marzo de 2024) para la formalización de los mineros. Uno de los que voto por esta derogatoria es ahora presidente del Congreso: Eduardo Salhuana. No es raro su voto cuando está ligado a mineros ilegales según informa Wayka.

Un gobierno lumpen es, por cierto, un gobierno enemigo de la cultura. La censura a los hermanos Humala en el Gran Teatro Nacional, el retiro del premio a Juan Acevedo, el proyecto de ley de cine, la reducción de la Casa de la Literatura, la censura a los programas criollos de Radio Nacional. Todo un historial contra la cultura, el mayor que haya tenido cualquier gobierno anterior. La cosa es clara: delincuencia y cultura no riman. 

En cambio cultura si rima con resistencia popular. Y eso es lo que está en marcha. Pero el intento de eliminar la cultura supone la renuncia a la lucha por lo que Gramsci llama hegemonía. Los aparatos ideológicos del Estado (Althuser) dejan de funcionar y el gobierno solo se mantiene a partir de la represión. Y en ese marco la policía que protege a la lumpenburguesía también debe ser lumpen. La corrupción policial ha sido denunciada más de una vez y va desde el policía de tránsito coimero hasta los oficiales que no realizan el informe necesario. Y sin embargo el Congreso le quita las investigaciones a la fiscalia, a quien le corresponde constitucionalmente, para dárselas a la policía. Con eso se completa el Estado lumpen.