Una de las señas de identidad del capitalismo es el mal manejo de los dineros públicos. Dineros que pertenecen a los y las ciudadanas de un país que terminan mal gestionados y que algunos pocos se benefician.

Pero la práctica es común y generalizada. En lugar de invertir en escuelas infantiles, parques de diversión para los más peques, más escuelas públicas o mejores salarios para el profesorado, nuestros responsables políticos (en su mayoría de derechas) deciden por impulsar macroproyectos faraónicos que los ciudadanos no ven necesarios. Impulsar estos proyectos innecesarios hace aumentar la deuda de nuestras corporaciones y traen consecuencias judiciales perjudiciales para el erario público.

Existen varios ejemplos de cómo el capitalismo se inventa una obra para justificar el gasto y el pago a empresas constructoras que han aportado a campañas electorales del partido ganador. Cuando la derecha llega al gobierno se dispone a “pagar” esos favores concediendo esas obras innecesarias y que no interesan a la colectividad.

En Valencia tenemos la Ciudad de las Artes y de las Ciencias. El complejo diseñado en su mayor parte por el arquitecto valenciano Santiago Calatrava, es un gran paquidermo enfermo enchufado al gotero de la asistencia financiera de la Generalitat. Detrás del color blanco y azul de sus edificios hay una cuenta de pérdidas y ganancias en números rojos que en 2016 alcanzó los 100 millones de euros.

El Circuito de Cheste también ha sobrevivido al tsunami de la crisis. Genera actividad y se ha hecho imprescindible en su segmento como sede de uno de los grandes premios de motociclismo. Pero su cuenta de explotación es otro sumidero por el que el año pasado se fueron 5,7 millones de euros de pérdidas tras ingresar apenas ocho millones.

Sólo con 30 grandes obras públicas realizadas en los últimos años y que hoy en día están escandalosamente infrautilizadas o incluso abandonadas, distintas administraciones del estado se han gastado más de 6.000 millones de euros.

Infraestructuras que es más agradable inaugurar que mantener, museos cuyo contenido trata de encontrarse tras gastar millones en el continente, tranvías muy sostenibles desde el punto de vista ambiental pero que generan agujeros presupuestarios insoportables...

Muchos aeropuertos y ningún avión

España es, quizá, el país del mundo con más aeropuertos por habitante: el autonomismo, el regionalismo y las riadas de dinero público han permitido la construcción en los últimos años de hasta una decena de nuevos aeropuertos o ampliaciones de otros ya existentes.

En nuestro país podemos encontrar ya más de 50 aeropuertos. El más llamativo de los casos es, obviamente, el del Aeropuerto de Ciudad Real, actualmente ya cerrado. La infraestructura se promovió como una iniciativa privada, pero en la práctica ha sido una de las principales causas del hundimiento de la Caja Castilla-La Mancha, que no sólo aportó directamente de sus cuentas unos 400 millones de euros sino que ofreció préstamos a los restantes inversores. El total de dinero dilapidado en esta infraestructura que ya ni está operativa ha sido, agárrense, de 1.100 millones de euros.

En Lleida se han dilapidado 40 millones para un aeropuerto que en 2011 ha tenido poco más de 30.000 pasajeros; en Burgos se invirtieron (inauguración en 2008) unos 45 millones de euros para lo que hoy en día es considerado uno de los aeropuertos menos rentables de España. Otros ejemplos similares se pueden encontrar en Badajoz (actualmente sin vuelos), León, Huesca, Logroño...

La Ciudad del Circo en Alcorcón raya el esperpento. Gastó unos 120 millones (para una ciudad de 168.000 habitantes) que ha pasado por detalles tan grotescos como derribar una biblioteca cercana “porque molestaba”.

En Ciudad Real, a un corto trayecto en tren de Madrid, hay otro aeropuerto vacío.

"Un aeropuerto en Ciudad Real, ¿para qué?", dice Celestino Suero, Consejero Delegado de C.E. Consulting, una empresa de asesoramiento integral a empresas y profesionales en España.

El despilfarro de las administraciones públicas

En las últimas dos décadas, las administraciones públicas han malgastado más de 80.000 millones de euros “en infraestructuras ociosas, infrautilizadas, innecesarias o cerradas y en proyectos o eventos efímeros o inútiles”, según el informe de 2018 “Aproximación a la geografía del despilfarro en España: balance de las últimas dos décadas” publicado por la Asociación de Geógrafos Españoles. Una cifra que, además, ascendería hasta los 97.000 millones de euros en los años siguientes a 2018 si se sumaban las obligaciones ya adquiridas.

Uno de los casos más sonados de despilfarro de dinero público se dio en Madrid. En 2007 la Ciudad de la Justicia fue anunciado a bombo y platillo por Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comunidad de Madrid y militante del derechista Partido Popular (PP). Diseñaron un complejo de doce edificios en Valdebebas que aglutinaría todos los edificios judiciales de Madrid y acabó convirtiéndose en un secarral. El despilfarro de dinero público alcanzó los 105 millones de euros.

Y qué decir de la decisión de Alberto Gallardón, que mientras fue alcalde de Madrid por el PP decidió el cambio de sede del ayuntamiento. El capricho de cambio de sede al actual Palacio de Comunicaciones en Cibeles costó 530 millones de euros salidos del erario público.

En definitiva. Las grandes constructoras financian las campañas electorales de los partidos, sean del PP o del PSOE, y posteriormente los partidos ganadores aprueban proyectos que no interesan a la población y sí a las grandes corporaciones que ven aumentados sus beneficios.