El 25 de febrero pasado el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos para el Medio Ambiente se reunió con una serie de organizaciones sociales del Perú que le presentaron sus demandas. Entre ellos estuvimos los pertenecientes a la Coordinadora Repsol Hazte Cargo de la que forma parte nuestra organización. Estas fueron nuestras demandas. Ver también las demandas de los pueblos afectados aquí

Dr. Marcos A. Orellana, 

Relator Especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos para el Medio Ambiente y el Consejo de Derechos Humanos. 

Organización de Naciones Unidas (ONU)

Reciba el cordial saludo de la Coordinadora #REPSOLHAZTECARGO, conformada por diversos colectivos y organizaciones de la sociedad civil autoconvocadas ante el derrame de petróleo de la Refinería La Pampilla S.A.A. en las costas del Callao y que se ha expandido a lo largo del litoral peruano, hecho suscitado el pasado 15 de enero de 2022. El motivo de nuestra comunicación es dar a conocer a usted nuestras demandas ciudadanas y nuestro interés porque el Estado peruano garantice en todo el territorio los derechos ambientales. Le invocamos para que desde Naciones Unidas pueda hacer seguimiento a este caso particular y contribuir al fortalecimiento del marco normativo y la atención a las poblaciones afectadas.

Presentamos ante usted nuestras demandas:

Los firmantes expresamos nuestra gran preocupación por los estragos causados por el derrame de petróleo del 15 de enero, que aún no han sido resueltos. Afirmamos que los hechos ocurridos y la demora en la atención de estos han sido posibles no solo por la negligencia de la empresa REPSOL sino también por la fragilidad de nuestra legislación ambiental. En ese sentido, nos pronunciamos para instar a cada actor social a tomar las acciones correctivas que competen a sus funciones y responsabilidades. 

A Repsol:

Transparentar y consultar con las familias afectadas las medidas de atención temporal para atenuar la situación de vulnerabilidad (económica, social, de salud) generadas por el derrame.

Dar cuenta de la implementación del Plan de Trabajo para la limpieza y remediación de las zonas afectadas. La celeridad en la zonificación del área de impacto directo e indirecto, la indemnización a las familias afectadas y la transparencia son indispensables.

No discriminar a los pescadores artesanales no formalizados a la hora de acceder a la justa compensación por la contaminación de su fuente de trabajo.

Implementar un programa de reconversión laboral para que los pescadores artesanales afectados por el derrame de petróleo puedan llevar sustento a la mesa de su hogar mientras dure el largo proceso de remediación de las costas.

Al los poderes Ejecutivo y Legislativo:

Fortalecer el marco de la protección ambiental según sus competencias y responsabilidades en el más breve plazo posible. En la actualidad el riesgo ambiental y humano por actividades extractivas permanece intacto.

Se requiere garantizar la supervisión de los Planes de contingencia, y organizar equipos de respuesta rápida y efectiva ante derrames de hidrocarburos. La acción inmediata es crucial.

Se requiere organizar al Estado para la transición energética, los riesgos y daños sufridos por el ambiente y las comunidades en todo el país, así como la escasez de los recursos energéticos así lo demandan.

Dar seguimiento permanente, oportuno y efectivo a las familias y zonas afectadas. Estas familias han perdido sus medios de subsistencia, es decir han dejado de percibir los ingresos básicos para cubrir la canasta familiar y pagar los servicios básicos. El derrame ahondó no solo la vulnerabilidad económica de estas familias, la contaminación del litoral y las medidas de limpieza precarias (con baldes y rastrillos) han puesto en mayor riesgo su salud.

Brindar respaldo a las Asociaciones de pescadores artesanales durante los procesos legales ante REPSOL, debido a que muchos no cuentan con un asesoramiento legal que les permita exigir sus derechos en igualdad de condiciones.

Generar proyectos que impulsen la diversificación productiva de las comunidades afectadas.

Fortalecer la fiscalización de los desembarques y el sistema de trazabilidad que aseguren la inocuidad de los productos pesqueros, ello también incrementaría la confianza de los consumidores debido a que actualmente han mostrado reticencia a consumir productos pesqueros. 

Al Poder Ejecutivo:

Instalar una Comisión Multisectorial de alto nivel con la participación de los afectados por el derrame de petróleo que evalúe y ajuste la implementación del Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo para la atención de la emergencia ambiental declarada por el Estado y que garantice la acción multisectorial para atender la emergencia, así como que recoja las necesidades de la población directa e indirectamente afectada por el derrame.

Reforzar los lineamientos establecidos en el Plan de Contingencia de las empresas.

Implementar centros de rescate de fauna silvestre a cargo del estado a lo largo del país.

Celeridad en la valorización económica de los impactos ambientales causados por el derrame del petróleo. Asimismo, que se correspondan a los delitos ambientales tipificados en el Código Penal.

Poner en marcha nuevamente el visor en línea de derrames de la OEFA.

La Procuraduría del MINAM debe actuar diligentemente a fin de garantizar la atención y reparación de los daños a la salud ambiental y humana, y la economía de las familias directamente afectadas.

Organizar transparentemente las donaciones y apoyos internacionales en favor de la atención de la crisis ambiental y la población directamente afectada. Que el dinero a ser recaudado por las multas de REPSOL sea destinado también al resarcimiento inmediato de las poblaciones afectadas.

Realizar un diagnóstico de la salud de las personas afectadas por el derrame de petróleo a fin de que se asegure su correcta atención y desintoxicación.

Establecer la creación de Comités de crisis interinstitucional para una mayor articulación y fiscalización de las actividades a realizar por las instituciones.

Acelerar el proceso de empadronamiento de los pescadores artesanales y su formalización en las zonas afectadas para que puedan tener acceso a una compensación justa.

A la Fiscalía de la Nación y al Poder Judicial:

Celeridad en la investigación y búsqueda de justicia ejemplar para que casos similares no se repitan. 

Al Poder Legislativo:

Impulsar la caducidad de derechos en títulos habilitantes, como contratos o concesiones en industrias extractivas y megaproyectos, por causales ambientales.

Fortalecer las capacidades de la OEFA a fin de que pueda ejercer un rol efectivo de fiscalización en torno a los diversos impactos ambientales.

Legislar en favor de la disminución de los riesgos ambientales y la protección real de las comunidades directamente afectadas por daños al ambiente en contexto de minería e hidrocarburos. Normar seguros ambientales pagados por la empresa desde la exploración y la cobertura de todos los gastos por posibles afectaciones al ambiente y comunidades afectadas.

Dar Inicio a la transición energética con acciones concretas como aprobar la Ley que convierta a Perupetro, hoy promotora de la inversión en petróleo, en una empresa de promoción de las energías renovables no convencionales; y a Petroperú, hoy dedicada a la extracción petrolera, en una empresa que lidere la reconvención energética hacia las energías renovables no convencionales.

A la Defensoría del Pueblo:

Pronunciarse y realizar vigilancia ambiental del caso REPSOL, contribuyendo a la transparencia y defensa del pueblo. 

A la Ciudadanía:

Continuar en la vigilancia y acompañamiento cercano de los daños ambientales y las familias afectadas. El derecho a la salud ambiental es un derecho colectivo que involucra a cada ciudadana y ciudadano del Perú y el mundo.

Presentarse como terceros con legítimo interés en el marco del proceso administrativo sancionador ante el OEFA a fin de ejercer la labor de vigilancia ciudadana es un derecho. Sigamos dando voz a las familias afectadas por estos y otros daños ambientales. 

A Naciones Unidas:

Contribuir a la divulgación de la situación ambiental vulnerada en el Perú y alentar el fortalecimiento de las garantías de los derechos del ambiente. Saludamos la visita académica del Relator Especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos y le animamos a seguir vigilando los sucesos ocurridos en el Perú el pasado 15 de enero.

Agradecemos la atención de nuestras demandas y solicitudes.

Atentamente,

1. Coordinadora #REPSOLHAZTECARGO

2. Viernes por el Futuro Perú

3. Munay - Equipo Interdisciplinario para el Desarrollo Sostenible

4. Jóvenes Peruanos Frente al Cambio Climático

5. Ecosistemas Verdes

6. Plataforma Nacional de Personas Afectadas por Metales, Metaloides y Otras Sustancias Químicas Tóxicas

7. Ollas Comunes Veganas

8. Red Vegana

9. Callao Vegan

10. Equilibria

11. Centro de Estudios Humanistas Nueva Civilización

12. Coleoptera Compost 13. Colectivo Evangélico Defensores de la Creación

14. Ficus Perú Desarrollo Socioambiental

15. Anticapitalistas

16. Asociación internacional WASICHAY AIPRENALAC

17. Parlamento 10

18. Voluntarios.pe

19. Alarmistas URP

20. Red Uniendo Manos Perú

21. Pequeños Defensores de la Naturaleza

22. Llapanchik

23. Meraki Perucha

24. ONG Maqay

25. Frente de Defensa del Parque 14A, SJL- RURINCANCHO

26. Tierra y libertad por el buen vivir

27. Movimiento LGBTIQ+ Callao

28. COREJU Callao

29. Perú te Quiero Sostenible

30. Frente Amplio por Justicia, vida y libertad

31. Colectivo Evangélico Defensores de la Creación - CEDEC

32. Integración estudiantil

33. Movimiento de Liberación 19 de Julio

34. Observatorio Interdisciplinario de Salud Pública

35. Tahuantinsuyo Hip Hop

36. Juntos Perú por Justicia: Madres de Víctimas

37. Centro de Estudios Humanistas Nueva Civilización

38. Frente Callao Dignidad

39. Cristianos Defensores de la Creación