El 25 de febrero pasado el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos para el Medio Ambiente se reunió con una serie de organizaciones sociales del Perú que le presentaron sus demandas. Publicamos el documento presentado por los pueblos. Ver también el documento de la Coordinadora Repsol Hazte Cargo aquí

DEMANDAS DE AFECTADAS Y AFECTADOS DE COSTA Y AMAZONÍA POR LA ACTIVIDAD PETROLERA PRESENTADAS AL RELATOR SOBRE DESECHOS TÓXICOS Y DERECHOS HUMANOS DE LA ONU

Nosotros y nosotras representantes de las asociaciones de pescadores de la costa central: Asociación de pescadores artesanales del distrito de Aucallama, Asociación de armadoras y emprendedoras de embarcaciones menores del puerto de Chancay, Plataforma nacional de Afectados y afectadas por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas, vocería de Ventanilla y Callao, Colectivo recuperando Ventanilla, Red de Pesquería Artesanal Sostenible REDPAS (Barranca, Puerto Chico, Aucallama, Huaral, Chancay); la costa norte Frente Macro Región Norte (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash), Gremio de pescadores de menor escala Cerco - Zorritos (Tumbes), Gremio de pescadores artesanales de Cabo Blanco (Piura), Municipalidad Distrital de La Brea - Talara (Piura), Sindicato Único de Pescadores del Puerto de Paita (Piura), Consejo provincial de la pesca de la provincia de Sechura - COPROPESCA (Piura), Gremios de pesca, maricultores, boliche y otros - Sechura (Piura), Sindicato de pescadores de Chimbote y anexos (Áncash), Coordinadora de promotores ambientales de la comunidad de El Trapecio - Chimbote (Áncash), Santa Catalina de Chongoyape - Chaparrí (Lambayeque); y federaciones indígenas como Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú - FENAP, Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis - GTANW, Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios - PUINAMUDT, reunidos en el encuentro de MarAmazonía, realizado los días 24 y 25 de febrero de 2022, expresamos:

Que la actividad petrolera viene generando históricamente gran impacto en nuestros territorios, afectando los ecosistemas, impulsando la pérdida de biodiversidad en flora y fauna e impactando en nuestros derechos a la economía, salud, seguridad alimentaria, y la relación natural con nuestro entorno, generando dependencia de productos externos. Esta actividad genera impactos sociales graves e incrementa la conflictividad social.

Que no existe una respuesta adecuada, articulada ni integral del Estado ni de las empresas ante los constantes derrames de petróleo. Además, no existe una institucionalidad ambiental fuerte que vigile y sancione los delitos ambientales de las empresas petroleras.

Que las empresas petroleras no asumen sus responsabilidades frente a los impactos que dejan en los territorios y quedan impunes frente a la contaminación y el ecocidio; judicializan las multas que se les imponen por sus delitos ambientales y muchas veces no cumplen con las acciones correctivas ni con el pago de la sanción; mientras que los lotes petroleros siguen siendo explotados sin garantías de prevención y respuesta.

Que frente a la falta de acción del Estado y las empresas, desde nuestros pueblos y asociaciones nos organizamos para afrontar los impactos negativos que genera la actividad petrolera en nuestros territorios; a través de comités de monitoreo y vigilancia en la Amazonía; asociatividad de las y los pescadores en la costa; incidencia nacional e internacional y sensibilización.

Por ello nuestras exigencias y demandas son:

1. La modificación de la normativa que permite la impunidad de las empresas extractivas, y los atropellos a nuestros territorios y al medio ambiente; que se fortalezca la institucionalidad ambiental para mejorar los roles de fiscalización y sanción de los organismos estatales, asegurando la participación efectiva de los pueblos, organizaciones y asociaciones; y que se trabaje y defina un proceso de ordenamiento territorial y de áreas de conservación en zona marino-costera.

2. Mecanismos fuertes para el cumplimiento de las normas que obligan a las empresas a dar mantenimiento a los ductos de petróleo y cambiarlos en caso sea necesario; e implementar sistemas de monitoreo actualizados que alerten inmediatamente de los casos de derrames.

3. Crear inmediatamente un fondo de remediación para todas las áreas impactadas por actividad petrolera y pasivos ambientales por hidrocarburos. Así como planes integrales que cuenten con presupuesto suficiente para atender la salud (en orden con la ley 31189, que establece atención a la salud de las personas afectadas por metales, metaloides y otras sustancias tóxicas), seguridad alimentaria y economía de las poblaciones.

4. Eliminación de la oferta de lotes petroleros y concesiones en zonas donde se presentan pasivos ambientales por hidrocarburos; remediar de manera inmediata las zonas afectadas con pasivos y crear una mesa técnica nacional en la Presidencia de Consejo de Ministros - PCM para establecer las estrategias de acción frente a los pasivos ambientales por hidrocarburos.

5. Indemnización por pérdidas sociales, económicas y culturales que correspondan a las necesidades de la población, incluyendo proyectos sostenibles alternativos a la actividad petrolera.

6. Sanción efectiva a las empresas petroleras responsables de los derrames y revisión de contratos con las empresas que se niegan a pagar las sanciones establecidas por el organismo supervisor.

7. Transparencia y acceso a la información oportuna desde la generación de los desastres ecológicos hasta la remediación de los ecosistemas y la reparación y atención a las poblaciones.

8. No permitir la entrada de las empresas en territorios amazónicos y costeros sin asegurar el consentimiento de los pueblos que vayan a ser afectados; derogatoria de los decretos supremos de concesiones de exploración y explotación de petróleo en la costa y Amazonía en territorios donde los pueblos establezcan que va en contra de sus modelos y que afecten su vida; declarar el Mar de Grau como zona intangible frente a concesiones hidrocarburíferas; y que se asegure la titulación del territorio ancestral de los pueblos en la Amazonía.

9. El reconocimiento y declaración con carácter vinculante de nuestras respuestas organizativas como el monitoreo y vigilancia ambiental, con tecnología que permita realizar las labores y que garantice la seguridad de las vidas de las y los monitores ambientales.

10. La apertura de un proceso de concertación para impulsar el cambio de matriz energética, para dejar la dependencia de los combustibles fósiles y la explotación petrolera que afecta gravemente nuestros territorios.

11. Reforma normativa que atienda a los pescadores artesanales y la defensa de los ecosistemas frágiles como los humedales en la costa y Amazonía, involucrando a sectores de producción y ambiente.

Lima, 25 de febrero de 2022