Desde su primer día el gobierno de Pedro Castillo ha sido un territorio en disputa. No solo por los reiterados intentos de vacancia y la actitud sediciosa de la derecha, expresada en los audios de Maricarmen Alva.  No solo por la permanente censura de ministros. No solo por los pedidos de nuevas elecciones en los que se han unido Keiko, varios congresistas, sectores de izquierda que fueron parte del gobierno, Cesar Hildebrandt Sino también por el intento de romper el equilibrio de poderes, desarmar al Ejecutivo y capturar los organos autonomos. 

Es cierto que Castillo no ha hecho nada para ganar terreno en esta disputa. Al contrario ha tenido actitudes timoratas, por decir lo menos, como cuando pidió la renuncia de Hector Bejar.  Así las cosas tiene todas las de perder y será necesario la unidad más amplia en defensa de la democracia. Pero esa unidad y esa defensa es necesaria hoy mismo. Porque hoy comienza una "legislatura extraordinaria" en la que el proyecto de la derecha se plasmara a través de una serie de cambios constitucionales.

RETORNO A LA BICAMERALIDAD Y COPAMIENTO 

De aprobarse, el Parlamento pasará a ser conformado por una cámara de Diputados, que será integrada por los 130 congresistas que fueron elegidos en abril; y otra de Senadores, cuyos miembros serán seleccionados en 2022, junto con los comicios municipales. De ahí el apuro. Esta modificación constitucional debería suponer un debate nacional. Aunque sea por la cantidad de artículos constitucionales a ser modificados y añadidos: 65. Se nos acusa de terroristas a los que queremos Asamblea Constituyente y se prohibe el llamado a un plebiscito para saber la opinión de la ciudadania. A cambio de eso se aprueba la modificación de un tercio de la Constitución en un solo plumazo. 

Es bueno recordar a este respecto los resultados del referendum del año pasado: El 79,16 por ciento votó a favor de prohibir la reelección de los parlamentarios. Asimismo, el 83,79 por ciento rechazó la idea de restituir la bicameralidad, un 80,46 por ciento aprobó la idea de reformar el órgano que designa a los jueces, y el 79,81 por ciento aprobó la regulación del financiamiento de los partidos políticos.

Pero hay algo más grave en estas modificaciones de las funciones congresales. Y es que se atribuyen el derecho de destituir a las cabezas del Jurado Nacional de Elecciones y de la ONPE, entidades que deben ser independientes de los poderes políticos por la necesidad de mantener su imparcialidad. Imaginense lo que hubiese pasado frente a las falsas acusaciones de fraude en las elecciones pasadas. 

Estamos ante un proceso de copamiento de las entidades que deberían autonomas. Ya se han señalado los graves problemas en la elección del Tribunal Constitucional. En lo que respecta al Defensor del Pueblo hay que señalar que el Poder Judicial ha ordenado se suspenda su elección alegando ausencia de transparencia y violaciones de las normativas pautadas para designar al nuevo funcionario. Sin embargo en esta legislatura extraordinaria se atribuiran la potestad de desacatar mandatos del Poder Judicial. De ese modo rompen una vez más el equilibrio de poderes y se constituyen en el único poder del Estado. Para completar la labor lo único que queda es limitar la cuestión de confianza. Y también apuntan para allá

LIMITES A LA CUESTIÓN DE CONFIANZA 

Después de muchos enfrentamientos entre el Congreso y el Presidente Vizcarra este presentó una "cuestión de confianza" en torno a la elección o no del Tribunal Constitucional. Para evitar una repetición de la misma figura el congresista Luis Valdez (Alianza para el Progreso) plantea la reforma los artículos 130, 132, 133 y 134 de la Constitución. La propuesta señala que el Ejecutivo “no puede plantear una cuestión de confianza sobre procedimientos y funciones de competencia exclusiva del Congreso”. De ese modo no se podrá usar para procurar la aprobación de una ley urgente o del Presupuesto por poner un ejemplo o para impedir la repartija de cargos (como la habida en el Tribunal Constitucional) que fue el caso en el gobierno de Vizcarra.

Para continuar con el ejemplo de Vizcarra recordemos que se aplicó la figura del "rechazo tacito". El Congreso no dijo nunca que negaba la confianza. Pero al negar el pedido que sustentaba la misma en verdad lo hacia. La iniciativa actual señala que solo el Congreso determinará si se ha producido o no el rechazo a una cuestión de confianza. Es como si le pidieras al ladrón que señale si lo que hizo fue o no un robo.

El proyecto había sido presentado en mayo de este año pero no alcanzó los votos necesarios. La tactica de la derecha es insistir una y otra vez, como con sus pedidos de vacancia.