La aguda crisis general del país sigue agravándose en todas sus dimensiones desde el 07 de diciembre, en particular en lo económico (inflación con recesión), social (descomposición y anomia), en el propio sistema político (Congreso avasalla y no existe equilibrio de poderes), en la relación de la sociedad con el Estado. La crisis general sigue sin una salida integral.

La coalición golpista de Dina Boluarte, el Congreso, la Confiep, las FF.AA. y los poderes fácticos (Fiscal de la Nación, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo y el conglomerado mediático) no pueden imponer, ahora, su nuevo ciclo neoliberal autoritario.

El contragolpe ultraderechista puso a Dina Boluarte en la presidencia de la República, para las acciones de derrotar al movimiento social que votó por el cambio estructural. Labor en la que se ha desempeñado diligentemente y con masacres, racismo letal y 70 asesinatos. Esta política genocida tuvo como objeto para, luego, cambiar el régimen político, implementar el entreguismo vendepatria, modificar el sistema político y establecerse por 10 o 20 años más.

Pero no lo han logrado. La respuesta de los pueblos de las regiones, por el contrario, colocaron a la dictadura al borde de la ilegitimidad, los organismos de derechos humanos internacionales demostraron la perversidad de las políticas represivas y el gobierno de la usurpadora se encuentra aislado de los países de la región y del mundo.

Las movilizaciones de diciembre llevaron a presentar por parte del Ejecutivo un proyecto de ley para el adelanto de las elecciones hacia el primer trimestre del 2024. El Congreso aprobó el proyecto de ley en primera votación el 20 de diciembre. Y actuar, el Ejecutivo, en una lógica de “gobierno de transición”, abocado centralmente a garantizar unas elecciones democráticas y transparentes. Esto fue revertido a fines de enero en el Congreso. Dina/Otárola apuntaron a que se ahonde la división y dispersión del movimiento popular; impulsaron la campaña de llamar “terrorismo” a la protesta social, llegaron al absurdo de señalar que levantar banderas por el cambio de la constitución política ya era terrorismo. Orquestaron con los medios de comunicación una campaña demoledora, permanente y millonaria; y Otárola llegó a decir que no existiría ninguna movilización el 19 de julio.

La evaluación autocrítica de las movilizaciones del verano en diferentes Asambleas, Encuentros y reuniones en las macro regiones, regiones, el V Encuentro de la Asamblea Nacional de los Pueblos, llevaron a una convocatoria por la unidad de las fuerzas para derrotar a la dictadura. Esto se consolidó así en el Primer Encuentro de las Organizaciones Sociales del 1 y 2 de julio en Puente Piedra, Lima. Se aprobó la unidad en base a una Plataforma Política de siete puntos y se dio paso a la conformación de la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha, que convocó a la respuesta del pueblo organizado para el 19 de julio.

La histórica Marcha Nacional y Jornadas de lucha de las regiones desde el 19 de julio expresaron el repudio de la ciudadanía al gobierno usurpador. La Plataforma Política por la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y un referéndum para una nueva Constitución, recorrió todo el país y fomentó la desobediencia civil. Ningún funcionario del gobierno ni del Congreso tiene legitimidad para promover una relación política que dé aliento para seguir gobernando en “su normalidad”.

En la evaluación de la correlación de fuerzas en lo que corresponde al interior del periodo político (2021 a 2026), el objetivo de acortar el periodo de Dina y el Congreso, está vigente, sigue en pie. No nos han derrotado. El despliegue social constante acumula fuerzas, tanto a nivel de las regiones como en la capital y todo el país, expresa la vitalidad y la fuerza de la sociedad organizada. Puede darse en el presente año o en el 2024, depende varios factores que se abordarán en la táctica política.

Es tan importante y vigente el movimiento social organizado, que hace necesario elevar su nivel de organización y propuesta de agenda social específica. De manera que, más adelante, al convocarse la Asamblea Constituyente, la ley que convoca incorpore no solo a los partidos políticos sino a las organizaciones sociales como miembros constituyentes. Es decir, deben tener representación directa los quechuas, los aymaras y otras etnias, como ha ocurrido en Chile, Bolivia, Ecuador y otros países. Asimismo, deben tener representación directa los micro empresarios, las juventudes, los pensionistas y así la sociedad organizada que aporta al nuevo Pacto Social. Es uno de los cambios a realizar en el sistema político peruano para la convocatoria a la Asamblea Constituyente.

El factor político institucional en la crisis

Derrotar a la coalición golpista de Dina Boluarte, el Congreso y los poderes fácticos no depende exclusivamente de la correlación entre las fuerzas en la sociedad; no porque tenga 80% y 96% en contra ya cae necesariamente el gobierno y el Congreso.

Este poder conservador está articulado en el sistema político establecido en la institucionalidad republicana: Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial, Poder Electoral y la trama de todo el Estado, donde no solo se ha realizado un copamiento ultraconservador sino también un alineamiento hacia el nuevo ciclo autoritario y neoliberal.

Las fuerzas del cambio, quienes votamos por una salida democrática y constituyente no estamos fuertes en estos espacios de la vida republicana.

Dina Boluarte y todo el Ejecutivo no tienen partido político; quien tiene la iniciativa, la experiencia y la maquinaria estatal es principalmente el fujimorismo.

La ultraderecha fujimorista respondió políticamente ante la exitosa Marcha Nacional del 19 de julio, haciendo una alianza con Perú Libre en la elección de la mesa directiva. Cuando deberían estar más aislados y reflejarse la correlación de fuerzas de la movilización, el cerronismo traiciona el mandato popular y permite un triunfo holgado en el parlamento. Con astucia Keiko Fujimori coloca al partido de Acuña en la presidencia de la mesa directiva y a Waldemar Cerrón en una vice presidencia. Este salto del cerronismo hacia el espacio de control fujimorista debilita al campo popular. Y le dio cierto espacio a Dina Boluarte para su demagógico mensaje presidencial.

El Frente Social expresado en la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha debe establecer nexos de actuación conjunta con las fuerzas políticas que proponen cambios estructurales y que actúan en la institucionalidad republicana, en base a la Plataforma Política del Encuentro de Puente Piedra.

Fortalecer la unidad de todas las fuerzas antidictatoriales, sociales y políticas. Construir la unidad región por región, sector sindical por sector sindical, cultural,  por las Limas y aislar a la dictadura hasta derrotarla.

UNIDAD PARA LUCHAR Y UNIDAD PARA VENCER

(1) Jorge Pacheco es dirigente de la Asamblea Nacional de los Pueblos